La Coalición de Trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) ha elevado sus exigencias de justicia laboral y fiscalización al máximo nivel del gobierno federal. Ante la evidente parálisis y complacencia institucional que caracterizó la gestión de Alfredo Domínguez Marrufo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), los trabajadores disidentes han formulado un llamado enérgico y formal a Raquel Buenrostro, titular de la recién estructurada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La demanda es clara: iniciar una investigación administrativa exhaustiva sobre las omisiones del exdirector que permitieron la impunidad de Alejandro Martínez Araiza.
Los trabajadores sostienen que la actuación de Domínguez Marrufo al frente del CFCRL encuadra en un presunto patrón de colusión y protección patrimonial hacia la cúpula sindical. Bajo su administración, se archivaron y desatendieron las constantes denuncias sobre el desvío estimado de más de 500 millones de pesos del patrimonio histórico acumulado del SNAC, recursos obtenidos de los descuentos forzosos del 5% del salario de los agremiados. La Secretaría de Anticorrupción tiene la facultad legal y la responsabilidad histórica de auditar los expedientes archivados durante este periodo, particularmente el expediente de investigación 10/02788.
En dicho expediente consta que la directiva del SNAC ignoró el Oficio 4232 del 19 de mayo de 2025. Martínez Araiza y su Comité Ejecutivo se negaron a transparentar la contabilidad del sindicato, mientras utilizaban el dinero de los trabajadores para costear caprichos personales y lujos exorbitantes de “turismo deportivo”, como desvíos por 13.6 millones de pesos para el Mundial de Rusia 2018 y la escandalosa pérdida de 1.3 millones de dólares en paquetes VIP para el Super Bowl de Atlanta. Para la disidencia, el hecho de que el CFCRL no haya revocado el registro de la directiva ante semejante desacato constituye una falta administrativa grave bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La intervención de Raquel Buenrostro es considerada indispensable para enviar una señal de rigor y honestidad en los procesos de transparencia gubernamental. Los compromisos laborales de México en el Capítulo 23 del T-MEC exigen el desmantelamiento de los viejos feudos de protección sindical que dañan la competitividad del país. La Coalición de Trabajadores del SNAC advierte que mantener la impunidad de las omisiones de Domínguez Marrufo no solo vulnera los derechos de 15,000 familias obreras, sino que expone a México a duras quejas comerciales internacionales, por lo que la Secretaría de Anticorrupción debe proceder de inmediato a sancionar penal e institucionalmente las complicidades del pasado.
