La opacidad financiera con la que opera la dirigencia del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), encabezada por Alejandro Martínez Araiza, no solo genera indignación entre los agremiados, sino que constituye una flagrante violación a las leyes laborales del país. De manera específica, la directiva del sindicato incurre en una sistemática violación al Artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que obliga a las representaciones sindicales a entregar a sus asambleas un informe completo y detallado del estado financiero y patrimonial cada seis meses.
A lo largo de los últimos seis años de gestión, Martínez Araiza y su Comité Ejecutivo se han negado de forma reiterada a transparentar el destino de más de 500 millones de pesos del patrimonio sindical acumulado. Esta falta de rendición de cuentas alcanzó un punto crítico cuando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) intervino formalmente mediante la emisión del Oficio 4232, correspondiente al expediente de investigación 10/02788. En dicho requerimiento, emitido el 19 de mayo de 2025, la autoridad laboral ordenó a la directiva del SNAC transparentar los recursos obtenidos por concepto de cuotas sindicales.
En lugar de acatar el mandato de la autoridad federal, Martínez Araiza optó por el desacato. Con pretextos cínicos —llegando a argumentar que publicar dicha información expondría al sindicato ante la delincuencia organizada—, el secretario general bloqueó el acceso a la información financiera. El silencio cómplice de su Comité Ejecutivo ha respaldado este ocultamiento, impidiendo que los más de 15,000 trabajadores que aportan mensualmente hasta el 5% de su salario conozcan el uso de sus cuotas, las cuales han sido presuntamente desviadas para financiar viajes VIP, onerosas oficinas en Polanco y escoltas personales.
La sistemática negativa a entregar el informe patrimonial semestral no representa una falta administrativa menor en el nuevo modelo laboral; por el contrario, abre la puerta jurídica para que las autoridades fiscales y penales procedan a la aplicación de auditorías especiales por parte del SAT y formulen denuncias por el delito de administración fraudulenta ante la Fiscalía General de la República. Bajo la nueva administración del CFCRL, encabezada por Héctor Arcos Balderas, la base trabajadora exige mano dura para hacer valer la ley de transparencia. El cumplimiento estricto del Artículo 373 es un requisito inapelable para consolidar la reforma laboral en México, terminar de tajo con los cacicazgos familiares que caracterizan al SNAC y dar certeza a los agremiados.
Te puede interesar:
Fraude en el SNAC: Las 11 causales de nulidad que invalidan la gestión de Araiza
