El desarrollo tecnológico de vanguardia requiere inversiones financieras de gran envergadura, y la plataforma “La Rebel” adoptada por el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) no es la excepción. Sin embargo, en un entorno sindical marcado por la opacidad y la desaparición estimada de 500 millones de pesos del patrimonio histórico del gremio, la aparición de esta sofisticada aplicación con Inteligencia Artificial levanta serias alarmas financieras y legales. La Coalición de Trabajadores del SNAC exige respuestas inmediatas ante una pregunta fundamental: ¿de dónde salieron los recursos para programar y mantener este software?
De acuerdo con denuncias de los propios trabajadores, no existe registro alguno de que la asamblea general de agremiados haya discutido, votado o aprobado una partida presupuestal específica para el desarrollo de “La Rebel”. Asimismo, los reportes indican que el gasto multimillonario que implicó el diseño de esta plataforma jamás fue validado de forma transparente por el Comité Ejecutivo del sindicato. Esta falta de autorización colectiva apunta a un nuevo desvío discrecional de las cuotas sindicales, las cuales son retenidas de forma obligatoria a los más de 15,000 trabajadores a razón del 5% de sus salarios mensuales.
La alarma financiera se agrava ante las fundadas sospechas sobre la titularidad del software. Diversas investigaciones internas apuntan a que Alejandro Martínez Araiza podría haber registrado la propiedad intelectual y de marca de “La Rebel” bajo su propio nombre personal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). De confirmarse, esto constituiría un despojo patrimonial inaceptable para los trabajadores, quienes habrían financiado con el sudor de su frente una herramienta tecnológica que en realidad pertenece legalmente a su dirigente.
Este esquema de apropiación de activos no es nuevo en el historial de Martínez Araiza. El antecedente directo y documentado es contundente: el secretario general ya registró anteriormente la marca comercial del propio sindicato SNAC a su título personal ante el IMPI, privatizando de facto la identidad histórica de la organización obrera. Repetir este modus operandi con “La Rebel” demostraría un patrón sistemático de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
Bajo el marco de la Ley Federal del Trabajo, los activos y herramientas financiados con cuotas sindicales pertenecen exclusivamente al patrimonio del sindicato y deben servir para el beneficio directo de la base trabajadora. La privatización digital de la infraestructura del SNAC es un pasivo de cumplimiento grave que expone a la dirigencia a auditorías de la Secretaría de Hacienda y denuncias de carácter penal. Los agremiados advierten que no permitirán que la tecnología del sindicato sea utilizada como un negocio privado del dirigente.
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