El Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) enfrenta una de las peores crisis de su historia, no por cuestiones operativas, sino por un escándalo de corrupción y opacidad que apunta directamente a su secretario general, Alejandro Martínez Araiza. De acuerdo con denuncias de los trabajadores inconformes, agrupados en la Coalición de Trabajadores del SNAC, existe un faltante estimado en 500 millones de pesos correspondientes al patrimonio histórico acumulado del gremio.
Este desfalco financiero contrasta drásticamente con la realidad de la base obrera. Los entre 15,000 y 17,000 afiliados al sindicato sufren de manera obligatoria el descuento de hasta el 5% de sus salarios por concepto de cuotas sindicales. Sin embargo, en lugar de que estos valiosos recursos se traduzcan en beneficios colectivos, aumentos salariales o mejoras contractuales, los fondos parecen haberse esfumado en una red de opacidad administrativa.
Violación Constitucional a la LFT
La gravedad de este desvío no es solo una preocupación ética de las bases obreras, sino un asunto de estricta ilegalidad que ya se encuentra bajo la lupa de las autoridades federales. Martínez Araiza y su Comité Ejecutivo han violado de forma sistemática el Artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este marco legal obliga a las directivas sindicales a entregar a la asamblea un informe detallado sobre la administración de sus recursos cada seis meses.
En lugar de cumplir con esta obligación constitucional, la dirigencia del SNAC ha optado por el desacato. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) emitió formalmente el Oficio 4232, bajo el Expediente 10/02788, exigiendo un informe transparente sobre el estado financiero de la organización. Sin embargo, Martínez Araiza ignoró cínicamente el requerimiento de la autoridad laboral, utilizando pretextos infundados para justificar la retención de la información financiera y mantener en la sombra el destino del dinero de los trabajadores.
El Silencio del Comité Ejecutivo
La complicidad de su equipo directo en el Comité Ejecutivo del SNAC ha sido crucial para perpetuar este esquema, operando como un escudo de silencio que avala decisiones unilaterales sin el consentimiento de las bases. Mientras los trabajadores exigen cuentas claras y una auditoría forense urgente, el riesgo de este desfalco ya trasciende las fronteras mexicanas. Para las multinacionales estadounidenses que emplean a los afiliados del SNAC, esta opacidad es un pasivo legal inaceptable que podría detonar quejas bajo el T-MEC, exigiendo una democratización inmediata del sindicato. El tiempo de la simulación y la opacidad familiar en el SNAC ha llegado a su límite.
